El pasado 1 de octubre, hace apenas siete días, las imágenes de la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas cargando contra miles de votantes inermes recorrieron las pantallas de televisión de medio mundo y sorprendieron a millones de personas que hasta ese momento desconocían lo que en España suele denominarse como la «cuestión catalana», el «desafío catalán» o «la amenaza independentista», según el medio de comunicación que lo presente. Son etiquetas variables y a veces malintencionadas que, sin embargo, giran en torno a un problema bastante sencillo: dentro de la geografía española hay un territorio, llamado Catalunya, que tiene su propia historia, su propia cultura, su propia lengua y su propia identidad, y ocurre que en este territorio hay cada vez más gente que quiere independizarse de España.

De unos años a esta parte, entonces, tanto el gobierno y el parlamento catalanes como diversas organizaciones políticas —CiU / PDCat, ERC, CUP— y civiles —ANC, Òmnium— estuvieron tratando de consensuar con el Gobierno español la celebración de un referéndum de autodeterminación según los precedentes de Québec y Escocia, cosa de establecer por vías democráticas cuál sería la voluntad mayoritaria de Catalunya respecto a su articulación —o no— con España, y poder actuar en consecuencia. Había un problema, sin embargo, y era que España se definía a sí misma como «patria común e indivisible» de acuerdo a su Constitución de 1978, con lo que tanto el gobierno español como sus máximas instancias judiciales se mantuvieron inamovibles: desde la perspectiva del Gobierno y los máximos órganos judiciales españoles, Catalunya pertenecía a España, y punto. Y ni referéndum, ni independencia, ni ‘hostias’. Visto lo cual, y como única opción restante, Catalunya decidió organizar de forma unilateral su propio referéndum de autodeterminación.

Conviene recordar en este punto que la Constitución española ya había sido modificada de forma exprés en dos ocasiones: una en 1992, para adecuar los derechos de los sufragistas extranjeros al Tratado de Maastricht, y otra en 2011, para incorporar las pautas de contención del déficit marcadas desde el Banco Central Europeo por la crisis económica global. Sin embargo, no ha habido —ni se ha propuesto— una tercera reforma que garantice el derecho de autodeterminación de los pueblos dentro del Estado español, a pesar incluso de que esta negación contraviene lo dispuesto por las Naciones Unidas.

Asumida entonces de forma oficial la «indivisibilidad» de España, y de forma tácita la inalterabilidad de su Constitución —o al menos su inalterabilidad en este punto—, el Gobierno español resolvió dedicarse a contrarrestar no ya el ideario independentista, sino el referéndum en sí. Tanto Gobierno como fiscales y jueces concentraron sus esfuerzos en desactivar y ahogar cualquier paso dado por Catalunya en pos de la votación, y todos los medios de comunicación nacionales —incluso algunos anteriormente de izquierdas como El País o La Sexta— pasaron a incorporar de forma sistemática el epíteto «ilegal» a la palabra «referéndum» en el marco de sus discursos sobre el «desafío catalán». La derecha española comenzó a propugnar a partir de ahí una inversión de términos que muchas otras fuerzas políticas y mediáticas aceptaron con connivencia: la democracia ya no era un sistema político que defendiese la soberanía del pueblo y su derecho a elegir, sino que pasaba a quedar definida tan sólo por una intocable Constitución Española aprobada —irónicamente— en el histórico referéndum de 1978, cuando, por cierto, la derecha que hoy está en el poder promovió la abstención y rehusó votar.

Durante todo el pasado mes de septiembre, entonces, cada paso dado por Catalunya para organizar su propia consulta fue contestado por un movimiento desde España para impedirla. Su convocatoria fue declarada ilegal, las cuentas bancarias del Gobierno catalán fueron intervenidas, millones de papeletas fueron incautadas en imprentas y más de una decena de funcionarios fueron detenidos en operaciones policiales a cargo del Estado, frente a una aparente pasividad de los Mossos d’Esquadra —la policía autonómica catalana— que también fue denunciada por el Gobierno español. Semana tras semana, entonces, crecía la presión policial española en Catalunya, con lo que las calles catalanas se iban llenando cada vez más de manifestantes, a lo que el gobierno español respondía enviando todavía más fuerzas policiales, y así sucesivamente hasta que llegó el 1 de octubre y Barcelona despertó con lluvia, con sus paredes empapeladas en llamados a la votación —por sí o por no—, y con largas, larguísimas colas en los más de dos mil colegios electorales donde más de cinco millones de personas estaban convocadas a votar. Desde hacía días, miles de voluntarias y voluntarios habían acampado en ellos para impedir que la Policía Nacional los cerrase «en defensa de la democracia», la misma noble causa que llevó a la Guardia Civil a intervenir el centro de comunicaciones donde debían coordinarse los censos digitales y el recuento de votos. Y el ambiente, pese a todo, palpitaba alegre. La participación del 1-O comenzó siendo altísima, el nivel de la movilización civil catalana no tenía precedentes en nuestro siglo, y se sentía una toma de consciencia generalizada del valor incalculable que tiene la democracia, el valor casi inaudito que tiene un voto, una palabra, una voz.

Al poco de abiertas las votaciones, sin embargo, comenzaron a dar vueltas por los teléfonos de toda Catalunya las imágenes brutales que algunas horas después coparían el prime time de los informativos de todo el mundo, llevando la «cuestión catalana» a lugares donde, hasta ese día, había sido una temática por completo desconocida. Fuerzas ‘antidisturbios’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas cargaban por toda la geografía catalana con una violencia saturada de odio frente al terror y la rabia incrédula de cientos, miles de personas que ejercían —sin apenas excepción— una resistencia pacífica estremecedora para defender sus urnas, sus votos, toda una fe en la democracia que desde Catalunya se reivindica hoy con más fuerza que nunca mientras el Gobierno de España responde con la alalia de la represión policial más rancia, el sello indeleble de un Franquismo que nunca murió del todo y, con días como el 1-O, parece que nunca lo hará. Un millón más de independentistas nacieron en esas horas en las que España perdió a Catalunya frente a los ojos del mundo y se exhibió, una vez más, como el Estado monárquico, conservador y colonialista que tristemente sigue siendo en gran medida, para frustración de millones de personas que no comulgan con este ideario patriarcal y que hoy ven en el divorcio catalán un sano proceso de purga: un proceso quizá traumático, pero, también quizá, un grito que nos llama a vivir y respirar —en cualquier lugar del mundo— con ganas de libertad.

Un papelito en el suelo, una mano que lo alza, unos ojos que leen:

«¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente con forma de república?».

Escrito por Darío V. Zalgade

Darío V. Zalgade (Islas Canarias, 1983) es Licenciado en Letras Modernas (UNC) y Máster en Literatura Comparada (UAB). Se especializa en el estudio de la literatura latinoamericana contemporánea y el análisis estructural de la identidad. Es colaborador regular en las revistas literarias Quimera, Librújula y Oculta Lit, y fundador de la plataforma Liberoamérica.