El pasado dos de octubre se cumplían cincuenta años de la masacre de Tlatelolco de 1968, donde más de trescientas personas –muchas de ellas estudiantes– fueron asesinadas por el ejército mexicano. Ocurrió durante el intento de disolver militarmente una concentración estudiantil en protesta por la toma de la UNAM a manos de cuerpos policiales, así como por el secuestro y desaparición de varios de sus principales líderes. La matanza fue ordenada por el PRI –Partido Revolucionario Insititucional– de Gustavo Díaz Ordaz, un partido que a la postre se mantendría en el gobierno hasta el año 2000, totalizando setenta y un años ininterrumpidos en el poder desde que fuera fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles, autoproclamado «jefe máximo» de la ya distante Revolución Mexicana. La brutal represión del PRI a los estudiantes en Tlatelolco dejó una huella tan honda en México que terminó por acuñarse en todo el país el dicho «el 2 de octubre no se olvida», como expresión no sólo de homenaje a las víctimas de aquella fecha infausta, sino de alerta frente a cualquier posible abuso de la autoridad en lo sucesivo.

La historia de América Latina está repleta de cicatrices similares infligidas por una terrible sucesión de gobiernos autoritarios que han sangrado a sus pueblos de norte a sur. Las dictaduras de Videla en Argentina, Pinochet en Chile o Fujimori en Perú son todavía un recuerdo muy vívido en sus respectivos países, y sus heridas siguen condicionando aún el día a día de su convivencia. Dos ejemplos han ocurrido muy recientemente. Por un lado, el pasado tres de octubre, el Tribunal Supremo peruano anulaba el indulto concedido a Alberto Fujimori y ordenaba de nuevo su arresto por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en Lima en 1991 y 1992 por un gobierno fujimorista que, pese a todo, lograría perdurar hasta el año 2000. Por otro, el pasado siete de octubre salía ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas el exmilitar Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que alaba sin miramientos la figura turbia del coronel Brilhante Ustra durante la dictadura brasileña –estuvo a cargo de Doi-Codi, donde fue torturada la propia Dilma Roussef–, y que tiene como objetivos la ilegalización del partido comunista y la retirada de Brasil del Acuerdo de París por el cambio climático, amenazando más que nunca la integridad de la Amazonia. La sombra de las dictaduras latinoamericanas perdura entonces en la actualidad, e incluso, en algunos casos, las dictaduras mismas siguen vivas, como horriblemente está sucediendo ahora mismo en Venezuela y Nicaragua.

Comienzo por Venezuela. A comienzos del siglo XXI, los beneficios de la exportación de crudo permitieron al chavismo redirigir gran parte de sus ingresos hacia los sistemas escolar y sanitario, lo que fue de enorme ayuda para el pueblo venezolano pero multiplicó a su vez la corrupción endémica y la incontestabilidad de un Chávez que seguía desmantelando a su oposición y asegurándose un poder omnímodo en todas las estructuras del Estado. Oriette D’Angelo, abogada y poeta venezolana emigrada a los EEUU, considera que la deriva autoritaria de Chávez arrancaba durante estas fechas: «En mi opinión comenzó en el año 2002 luego del paro petrolero. Durante esos años se llevaron a cabo diversas manifestaciones que pedían la renuncia de Hugo Chávez Frías. Estas manifestaciones fueron reprimidas por el gobierno, causando la muerte de 19 personas tan solo el 11 de abril de 2002. Desde ese momento, el gobierno de Hugo Chávez se radicalizó». De esta forma, en el año 2007 –al tiempo que cerraba por disidente la emblemática Radio Caracas Televisión y reprimía en las calles nuevas protestas estudiantiles–, Chávez impulsaba una propuesta de reforma constitucional que garantizara su reelección indefinida. La reforma, que fue rechazada en referéndum por el pueblo venezolano, volvió a ser propuesta por Chávez apenas un año después bajo la premisa de repetir la convocatoria de forma incesante hasta que fuese aprobada[1], y, así, Chávez conseguiría efectivamente la reelección indefinida en un nuevo referéndum a comienzos de 2009.

De forma irónica, un cáncer pancreático terminaba con la vida de Chávez en 2013, año en que heredaría sus funciones el entonces vicepresidente Nicolás Maduro. Maduro se encontró de este modo al mando de un país cuyo gobierno, parlamento, poder judicial, ejército y fuerzas policiales estaban por completo bajo su control, pero no así el precio del petróleo, que había venido cayendo y castigando desde 2008 a una economía venezolana extraordinariamente dependiente de su exportación y con nula capacidad de maniobra después de décadas de expropiaciones, fuga de cerebros, corrupción, devaluación de su divisa y carencia de inversión en infraestructuras, industria e I+D. La falta de respuestas del gobierno madurista frente a la peor crisis económica del escenario mundial –la inflación venezolana ha alcanzado ya el 40.000%– harían que Maduro perdiese el control del único estamento aún dependiente de la voluntad del pueblo, la Asamblea Nacional –equivalente al Congreso de los Diputados español–, que pasó a tener una amplia mayoría opositora en las elecciones de 2015[2]. Ante la imposibilidad de recuperar para sí la Asamblea Nacional mediante elecciones limpias, Maduro se escudó en el poder judicial de su régimen para ilegitimarla y constituir una asamblea paralela apócrifa[3], la llamada «Asamblea Nacional Constituyente», compuesta casi en su totalidad por diputados leales a su gobierno. El claro enquistamiento dictatorial de Maduro y el consecuente agravamiento de la crisis económica y social han empujado desde entonces a millones de personas a emigrar del país en la tristemente famosa «diáspora venezolana»[4], hoy por hoy la principal crisis migratoria en todo el continente americano.

Un proceso muy similar está comenzando a vivirse en Nicaragua, donde el estado de violencia impuesto por el gobierno sandinista para combatir a su disidencia se ha recrudecido en los últimos meses con una serie de secuestros y asesinatos de líderes estudiantiles, periodistas y sindicalistas opuestos a la vertiginosa transición dictatorial que se está viviendo en el país. La periodista Solange Saballos, desde su reciente exilio en la vecina Guatemala, explica que tuvo que emigrar «porque me iban a echar presa o matar si me quedaba. Me integré a las protestas alrededor del 26 de abril. Estuve en UPOLI y también en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, mi universidad, haciendo trabajo periodístico y documental. Quería conocer la lucha estudiantil desde dentro, así como denunciar cualquier intento de corrupción interna, siempre teniendo presente que el origen del problema nacional ha sido callar frente a los abusos y no denunciar lo que está mal a tiempo». Lo que hay que denunciar, según sus propias palabras, es que «Daniel Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, se han encargado de pervertir y corromper todo lo que ha caído en sus manos, quitar de en medio a quienes han protestado en su contra, violar sistemáticamente la constitución e instaurar un gobierno con culto a la personalidad hacia ellos y el resto de su familia».

En Europa, la figura de Daniel Ortega Murillo es mucho menos conocida que las de Chávez o Maduro, lo que en cierta medida le concede una mayor impunidad. Daniel Ortega ya había sido presidente de Nicaragua entre 1979 y 1990 como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un partido teóricamente de izquierdas que lideró la Revolución Nicaragüense de 1979 y consiguió derrocar la dictadura fascista de la dinastía Somoza –más longeva incluso que la franquista en España–, iniciando así un más que necesario proceso de reconstrucción del país. Sin embargo, este cambio de régimen no terminó de buscar el beneficio del pueblo. En palabras de Saballos, «luego el FSLN se hizo con el gobierno de Nicaragua, llevando al país a un régimen de corte comunistoide al estilo de Cuba: comenzaron las expropiaciones de propiedades supuestamente en pro de los pobres, pero en realidad la nueva cúpula empezó a tomar estos bienes para sí mismos». Esto generó fuertes disensos en la población nicaragüense, que en 1990 terminaría por dar la espalda a un FSLN que no recuperaría el poder hasta el año 2007.

Kerstin Miranda, emigrada nicaragüense en Costa Rica, explica que Daniel Ortega consiguió volver a la presidencia de forma inconstitucional gracias a la connivencia del expresidente Arnoldo Alemán, quien facilitó la reelección de Ortega a pesar de violar el límite de mandatos establecido por la Carta Magna. A partir de ahí «sus cómplices han sido por siempre los jefes de Ejército y Policía Nacional, quienes a punta de chantaje y/o de jugosas ofertas económicas vienen poniéndose al servicio de Ortega. Las primeras personas violentadas han sido los campesinos y guardabosques, quienes sigilosamente comenzaron a aparecer asesinados». Estos asesinatos en pos de la apropiación ilegítima de tierras contribuirían a activar las protestas estudiantiles del pasado abril, y desde entonces son ellas y ellos quienes están liderando un movimiento de protesta contra la nueva dictadura nicaragüense bajo la consigna «fuera OrMu» (por Ortega Murillo). Continúa Kerstin Miranda: «Esta lucha realmente comenzó desde el 11 de abril. La acción estudiantil en las calles es lo que ha conseguido que el resto de la población por fin “despertara” o abandonara el miedo de expresar su rechazo a este gobierno inconstitucional, y posteriormente ha conseguido que múltiples actores civiles confluyan en cuerpos como la Coordinadora Universitaria, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Articulación de Movimientos Sociales, todas las sedes del Movimiento 19 de abril, las Caravanas de Solidaridad alrededor de todo el mundo, y ahora, en la Unidad  Nacional Azul y Blanco, que se perfila como un partido político que enfrentaría a OrMu en las futuras elecciones».

Las protestas han sido reprimidas con brutalidad militar por el gobierno de Daniel Ortega, que sumaba más de 300 muertos[5] civiles en apenas un par de meses y que tendría su epítome en la escena de Masaya[6], ciudad emblemática de la resistencia contra OrMu que fue tomada violentamente por el ejército el pasado mes de julio. Cuenta Kerstin Miranda que «son bien conocidos por todos los rostros y los nombres de los asesinos: los jefes del Ejército y de la Policía, Ramón Avellán, Sonia Castro, Rosario Murillo, Aminta Granera, COSEP, diputados de la Asamblea Nacional, toda la familia OrMu (…) y básicamente todo aquel que participe del FSLN, tanto por chantaje y amenazas, como por beneficios económicos e inmunidad». La represión salvaje del gobierno de Ortega, que tiene como propósito mantenerlo de forma incontestable en el poder, puede ser sin embargo el detonante que termine por sumarlo a una enorme y triste lista de dictadores caídos, equiparando para la historia su movimiento sandinista con la propia dictadura de Somoza que él mismo combatió. En palabras de Solange Saballos: «Recordé que mi mamá me contaba que la perdición de Somoza fue haber asesinado estudiantes. Fue entonces cuando supe que los días del Frente estaban contados».

El dos de octubre, entonces, no se olvida en México. Ni el once de abril en Venezuela y Nicaragua. Ni el dieciséis de septiembre en Argentina, la terrible Noche de los Lápices[7]. Durante décadas, y aún hoy, gobiernos de distinto signo han intentado apropiarse de sus respectivos Estados en América Latina y eliminar a su oposición mediante la violencia, la represión, el secuestro y el asesinato. Estos son los rasgos que definen a una dictadura, no importa el disfraz con que se vista. Se las puede tratar de enmascarar desde la izquierda, el centro o la derecha, desde el populismo, el enemigo externo o el estado de excepción, pero hay un signo que nunca cambia, hay algo que se repite en todas ellas. Para comprobar si un país se encuentra bajo una dictadura, basta con escuchar el grito, el lamento y el dolor de sus escuelas y universidades.

[1] https://elpais.com/diario/2008/12/01/internacional/1228086005_850215.html

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151204_venezuela_parlamentarias_oposicion_chavismo_dp

[3] https://www.playgroundmag.net/now/maduro-consuma-venezuela-parlamento-paralelo_22449100.html

[4] https://diasporavenezolana.net/

[5] https://elpais.com/internacional/2018/07/18/america/1531921411_489786.html

[6] https://liberoamerica.com/2018/06/09/masaya-llama-pura-del-pueblo/

[7] https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/16/a-42-anos-de-la-noche-de-los-lapices-el-dramatico-testimonio-de-una-sobreviviente/

Artículo cedido gratuitamente por Darío Zalgade
para la revista Librújula Nº 22, noviembre-diciembre 2018.

Escrito por Darío V. Zalgade

Edgar Díaz Oval (Islas Canarias, 1983), más conocido como Darío Zalgade, es Licenciado en Letras Modernas (UNC) y Máster en Literatura Comparada (UAB). Se especializa en el estudio de la literatura latinoamericana contemporánea y el análisis estructural de la identidad. Es colaborador regular en las revistas literarias Quimera, Librújula y Oculta Lit, y fundador de la plataforma editorial Liberoamérica.